Autor: Rogelio Mirazo Román, Presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana
INFORMALIDAD LABORAL EN MÉXICO: Entre el estancamiento económico, los incrementos salariales y la irrupción de la inteligencia artificial
México cerró 2025 con más de 32.9 millones de trabajadores en la economía informal, cifra que representa el 55% de la población ocupada, La Organización Internacional del Trabajo advirtió en su informe Artificial Intelligence and Jobs (2025) que más del 56% de los trabajadores en México se encuentran en sectores susceptibles de automatización parcial o total.
México cerró 2025 con más de 32.9 millones de trabajadores en la economía informal, cifra que representa el 55% de la población ocupada según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI correspondiente al cuarto trimestre de 2025 —su nivel más alto en tres años— y que en diciembre de ese año llegó a 54.6%, afectando a 33 millones de personas. El contraste regional es aún más contundente: mientras el Reporte sobre las Economías Regionales 2025 del Banco de México documenta que la informalidad laboral en la región norte del país se ha mantenido de manera consistente en un rango de 38% a 42% desde 2017, en la región sur dicha tasa oscila entre 62% y 72%. Esta brecha no es dato meramente estadístico; es el reflejo estructural de regiones con dinámicas económicas diferenciadas que coexisten bajo el mismo marco institucional.
Estancamiento económico: el caldo de cultivo de la informalidad
El PIB estimado para 2026 por BANXICO es de 1.1%, sin embargo durante 2025 México creció apenas 0.6% en 2025, marcando el tercer año consecutivo de bajo dinamismo. Detrás de este dato se esconde una realidad más preocupante: la formación bruta de capital fijo se contrajo 6.3% durante ese año, y la inversión fija bruta descendió del equivalente al 24.4% del PIB en el cuarto trimestre de 2024 al 22.9% en el mismo período de 2025, según datos del INEGI reportados por el observatorio México, ¿Cómo Vamos? La inversión pública, por su parte, acumuló una caída acumulada de 25.8% entre enero y mayo de 2025. Esta contracción sostenida tiene nombre: ausencia de certidumbre jurídica.
Cuando las reglas del juego son inciertas, las empresas postergan o cancelan inversiones, las unidades productivas formales dejan de crecer o migran a la informalidad, y los trabajadores sin opciones de empleo formal se refugian en actividades por cuenta propia, comercio ambulante o micronegocios no registrados. Entre 2000 y 2025, la inversión pública como porcentaje del PIB paso de 4% a inicios de 2000 a 1.6% en 2025, su nivel más bajo desde 1991. El capital privado, presionado por la incertidumbre regulatoria, no logró compensar esa ausencia. El resultado es predecible: sin motor de inversión, no hay generación suficiente de empleo formal.
El dilema del salario mínimo: avance redistributivo con efectos no deseados
En los últimos ocho años, el salario mínimo general en México experimentó incrementos reales acumulados que prácticamente lo duplicaron: 16.2% en 2019, 20% en 2020, 15% en 2021, 22% en 2022, 20% en 2023, 20% en 2024 y 12% en 2025, con ajustes superiores en la Zona Libre de la Frontera Norte. Esta política, promovida bajo una narrativa de justicia salarial, tuvo impactos positivos verificables: mejoró el ingreso real de millones de trabajadores y redujo la pobreza laboral. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) reporta que en 2025 dicha política benefició directamente a alrededor de 8.4 millones de trabajadores del sector formal.
Sin embargo, la propia CONASAMI reconoce en su “Propuesta de Fijación 2025” que resulta necesario vigilar de cerca los efectos del nivel alcanzado por el salario mínimo sobre los precios y el empleo. Investigaciones publicadas en revistas especializadas señalan que un aumento de 10% en el salario mínimo conlleva un incremento de hasta 1% en la probabilidad de ser trabajador informal, toda vez que las micro y pequeñas empresas del sector formal —especialmente en regiones con baja productividad y escasa tecnología— tienden a absorber el alza salarial migrando a la informalidad o sustituyendo empleo formal por trabajo no registrado. Así, una política bien intencionada puede convertirse, en contextos de bajo crecimiento, en un factor que amplifica el fenómeno que busca aliviar.
La informalidad: anatomía de un fenómeno con dos caras
El empleo informal no es un fenómeno monolítico ni únicamente negativo. En términos de ventajas, ofrece un mecanismo de absorción social en ausencia de empleo formal suficiente: reduce la tensión de la desocupación abierta —que cerró 2025 en tan solo 2.5%—, genera ingresos inmediatos para millones de familias, sostiene la demanda interna en zonas de alta marginación y actúa como red de contención ante crisis económicas. Sectores como el comercio al menudeo, los servicios personales y la agricultura de subsistencia dependen estructuralmente de esta dinámica.
No obstante, sus desventajas son igualmente estructurales: erosiona la base fiscal, excluye a millones de trabajadores del sistema de seguridad social (IMSS, INFONAVIT, AFORE), reduce la productividad agregada de la economía, perpetúa ciclos de pobreza intergeneracional y limita la capacidad del Estado para financiar bienes públicos. La paradoja es que los gobiernos federales y subnacionales han mostrado una actitud laxa frente al crecimiento de la economía informal, en parte porque esta funciona como válvula de escape social —amortigua el descontento ante la insuficiencia de empleo formal— y en parte porque la fiscalización de la informalidad representa costos políticos elevados en contextos electorales. Hay, además, una dimensión de economía política: millones de votantes dependen directamente del ingreso informal.
Inteligencia artificial: ¿amenaza u oportunidad para la informalidad?
La Organización Internacional del Trabajo advirtió en su informe Artificial Intelligence and Jobs (2025) que más del 56% de los trabajadores en México se encuentran en sectores susceptibles de automatización parcial o total, especialmente manufactura, servicios administrativos y transporte —actividades que concentran gran parte del empleo informal. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima en 41.4% la proporción de empleos mexicanos en ocupaciones de alto riesgo de automatización. Un estudio académico publicado en 2025 en la Revista Finanzas y Política Económica encontró evidencia de que una mayor probabilidad de automatización incrementa la tasa de informalidad, toda vez que los trabajadores desplazados de empleos formales rutinarios tienden a refugiarse en actividades informales de baja productividad.
Citibanamex advirtió en su análisis de 2026 que la IA podría transformar hasta 30% de los empleos formales en servicios y comercio, sectores que históricamente han sido la principal puerta de entrada al empleo formal para trabajadores con menor escolaridad. Si esa transición ocurre sin políticas públicas de reconversión laboral, el efecto sería un engrosamiento adicional de la economía informal, no su reducción. La paradoja es mayúscula: la tecnología que podría elevar la productividad del país puede terminar amplificando su mayor rezago estructural.
¿Es viable revertir la tendencia? Perspectiva de política de Estado
A corto plazo, la reducción significativa de la informalidad no es factible sin crecimiento económico sostenido, certidumbre jurídica y un entorno de negocios que incentive la formalización. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyectan un crecimiento del PIB en México de entre 1.2% y 1.5% en 2026, muy por debajo del umbral requerido para generar empleo formal suficiente. A mediano plazo, sin embargo, existen instrumentos de política pública con evidencia de eficacia: simplificación de trámites de registro para micro y pequeñas empresas, esquemas de seguridad social diferenciados para trabajadores informales (como el Régimen de Incorporación Fiscal o sus equivalentes), incentivos tributarios a la formalización, y programas de reconversión laboral vinculados a la adopción tecnológica.
La pregunta no es si conviene revertir la tendencia —evidentemente sí—, sino si existe voluntad política y capacidad institucional para hacerlo. Ambas condiciones están actualmente en déficit. Sin reforma del Estado de derecho, sin certidumbre para la inversión privada y sin una visión de largo plazo sobre el papel de la tecnología en el mercado laboral, la informalidad no solo persistirá: se consolidará como el modo dominante de organización del trabajo en México. Eso no es sostenible para ningún proyecto de desarrollo incluyente.