Autor: Rogelio Mirazo Román, Presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana
En menos de diez días, las dos principales agencias calificadoras del mundo recortaron o pusieron en perspectiva negativa la deuda soberana mexicana. El país se asoma al borde del “bono basura”.
El 12 de mayo de 2026, Standard & Poor’s (S&P) cambió la perspectiva de la deuda soberana de México de “estable” a “negativa”. Apenas ocho días después, Moody’s Ratings materializó el temor del mercado al rebajar la calificación del país de Baa2 a Baa3, el último peldaño antes de perder el grado de inversión y caer en territorio especulativo. Ambas determinaciones comparten un mismo diagnóstico: el deterioro sostenido de las finanzas públicas, la presión presupuestaria del apoyo a Pemex y la CFE, y un entorno de bajo crecimiento que limita la capacidad del Estado para generar ingresos fiscales.
Los detonantes: déficit, Pemex y estancamiento
Moody’s explicó que la degradación refleja “un debilitamiento sostenido de la fortaleza fiscal que se aceleró en 2024”, destacando el respaldo financiero a Petróleos Mexicanos como un lastre que limita severamente la capacidad del Estado para estabilizar su deuda. S&P, por su parte, advirtió que “el apoyo fiscal sustancial continuo a Pemex y a la CFE continuaría agravando las rigideces fiscales de México”.
El entorno macroeconómico añade presión: Moody’s redujo su previsión de crecimiento para México a menos del 1% en 2026, mientras que S&P estima que la deuda neta del sector público podría escalar del 49% del PIB en 2025 a cerca del 54% para 2029. Ambas agencias coincidieron en que el déficit público se mantendrá por encima del 4% del PIB, dado el gasto rígido y la alta carga de intereses.
El costo financiero de la deuda presupuestaria para 2026 asciende a 1.5 billones de pesos, equivalente a 4.1% del PIB. Dicho monto supera en lo individual el gasto en salud (2.5% del PIB), educación (2.9% del PIB) e inversión física (2.5% del PIB).
Las implicaciones: un efecto dominó sobre la economía
La pérdida del grado de inversión —que aún no se ha concretado pero cuya proximidad preocupa a los mercados— acarrearía un costo financiero considerable. El servicio de la deuda consume el 22.8% de los ingresos tributarios federales. Si la calificación baja, la tasa implícita sobre el saldo total de deuda subirá de forma directa. Los fondos internacionales por su parte están obligados por sus mandatos a mantener deuda con grado de inversión, por lo que se verían forzados a vender masivamente sus posiciones en bonos mexicanos, generando una salida abrupta de capitales y una depreciación adicional del peso frente al dólar.
Así pues, perder el grado de inversión tendría consecuencias negativas para la economía del país, las empresas y las familias, por lo que es fundamental corregir el rumbo en los próximos 12 a 18 meses.
La hoja de ruta qué piden los organismos internacionales y calificadoras
Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la OCDE han trazado una hoja de ruta concreta para revertir el deterioro. El FMI, en su Consulta del Artículo IV de 2025, exigió “una consolidación fiscal más ambiciosa y temprana, con medidas que la respalden, para evitar mayores desviaciones al alza de la deuda pública”. La OCDE, en su Estudio Económico sobre México de 2026, subrayó la importancia de un marco fiscal de mediano plazo que preserve la sostenibilidad de la deuda.
Entre las medidas prioritarias se identifican: ampliar la base tributaria reduciendo la informalidad; reestructurar los modelos de negocio de Pemex y la CFE para disminuir su dependencia de transferencias gubernamentales; aumentar la inversión en infraestructura de transporte y energía; y fortalecer el estado de derecho para garantizar la certidumbre jurídica. S&P advirtió que “un repunte en los niveles de inversión del sector privado que impulse el crecimiento económico podría fortalecer la resiliencia económica del país”.
La respuesta de la autoridad
La Secretaría de Hacienda respondió que, pese a la rebaja, México mantiene el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana, y que Moody’s asignó perspectiva “estable”, lo que supone que no anticipa cambios adicionales en los próximos 18 meses. La dependencia también destacó que el país cuenta con reservas internacionales por 257 mil millones de dólares y una línea de crédito flexible del FMI. Sin embargo, diversos analistas advierten que estas salvaguardas podrían ser insuficientes si no se implementan reformas fiscales y energéticas de fondo.
Análisis final
El mensaje conjunto de Moody’s y S&P es contundente: México está agotando su margen de maniobra. La estrategia de sostener a Pemex y la CFE con recursos públicos ha dejado al erario en una posición de vulnerabilidad, mientras la economía no crece lo suficiente para compensar el creciente peso de la deuda. La pérdida del grado de inversión aún es evitable, pero el costo de la inacción recaería sobre toda la población en forma de mayores tasas de interés, menor inversión productiva y un lastre persistente sobre la generación de empleo. La pregunta ya no es si el riesgo existe, sino si las autoridades están dispuestas a asumir el costo político de corregir el rumbo antes de que la calificación de México cruce la línea de no retorno.
No hay duda, es urgente que el país retorne a la senda del crecimiento y que la política pública alinee todas las piezas del rompecabezas para buscar “el como si” hacemos que la inversión se convierta en verdadera palanca de crecimiento, basta de retórica, es hora de hacer que las cosas sucedan, no solo en los dichos sino en los hechos, Mexico lo necesita.
Fuentes consultadas:
Moody’s Ratings, comunicado de rebaja crediticia, 20 de mayo de 2026. | Standard & Poor’s Global Ratings, revisión de perspectiva soberana, 12 de mayo de 2026. | FMI, Consulta del Artículo IV de México, 2025. | OCDE, Estudio Económico sobre México, 2026. | Secre