Autor: Rogelio Mirazo Román, Presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana
La publicación de los Pre-Criterios de Política Económica 2027 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) perfila un escenario de estabilidad macroeconómica con ajustes graduales. Sin embargo, al contrastar sus proyecciones con las de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, emerge una tensión evidente entre el optimismo oficial y una lectura más cauta del entorno económico global y doméstico.
El primer punto de divergencia es el crecimiento. Hacienda proyecta para 2027 una expansión del PIB de entre 1.9% y 2.9%, mientras que la OCDE y el Banco Mundial sitúan sus estimaciones en torno a 1.7%–1.8%. La diferencia no es menor: implica que el piso del gobierno coincide prácticamente con el techo de los organismos internacionales. Esta brecha adquiere relevancia fiscal, pues la propia SHCP reconoce que cada punto adicional de crecimiento representa ingresos públicos significativos. Si la economía se ubica en el rango inferior internacional, la recaudación quedará por debajo de lo esperado, presionando el balance fiscal.
En materia de finanzas públicas, el gobierno plantea una reducción del déficit a 3.5% del PIB en 2027 y mantener la deuda en torno a 55%. No obstante, esta consolidación descansa en supuestos exigentes. Por un lado, la experiencia reciente muestra dificultades para cumplir metas fiscales intermedias; por otro, organismos como el Fondo Monetario Internacional advierten que, sin una reforma estructural, la deuda podría escalar en los próximos años. El problema de fondo no es únicamente el nivel del déficit, sino la rigidez del gasto: pensiones, intereses y transferencias absorben la mayor parte del presupuesto, limitando el margen para inversión pública.
Donde sí existe coincidencia técnica es en la inflación. Tanto Hacienda como la OCDE prevén que se ubique alrededor de 3.2% en 2027, lo que sugiere una normalización tras los choques recientes en energéticos y alimentos. Este escenario abriría la puerta a una política monetaria menos restrictiva, con potenciales efectos positivos sobre el costo del financiamiento y la inversión privada. Sin embargo, este alivio es insuficiente para compensar las debilidades estructurales del crecimiento.
Un elemento particularmente crítico es la trayectoria de los ingresos públicos. La SHCP anticipa una caída de los ingresos presupuestarios como proporción del PIB, al pasar de 23.2% a 22.2%, en un contexto donde la recaudación tributaria ya es baja frente a estándares internacionales. Tanto la OCDE como el Banco Mundial coinciden en que el espacio fiscal es prácticamente inexistente. Esto implica que el Estado mexicano enfrenta una restricción fundamental: no puede aumentar la inversión pública sin recortar gasto social o incrementar la deuda.
Ante esta limitación, el gobierno apuesta por esquemas de inversión mixta. No obstante, esta estrategia enfrenta obstáculos relevantes, particularmente la incertidumbre regulatoria interna y los riesgos del entorno externo. La inversión privada, clave para detonar proyectos de infraestructura, requiere condiciones de certeza jurídica y estabilidad que hoy no están plenamente garantizadas.
El problema no es el dinero, es la confianza, el Plan México contempla una inversión mixta de 5.6 billones de pesos hacia 2030. Sin embargo, la inversión fija bruta lleva 13 meses de caídas consecutivas —contracciones de 8%-9% anual—. El capital privado no está esperando subsidios, sino reglas claras y estabilidad.
Más allá de los equilibrios macroeconómicos, el mayor vacío de los Pre-Criterios es la ausencia de una estrategia clara para elevar la productividad. México arrastra un estancamiento de largo plazo en la Productividad Total de los Factores —relación que mide que tan bien combinamos trabajo y capital para producir—, según datos del INEGI entre 1990-2024 la PTF acumula una caída promedio de -0.51% anual, lo que ha restado dinamismo al crecimiento durante décadas. No hay incentivos para la expansión de la inversión de capital, mientras que el capital humano presenta rezagos significativos.
Aquí radica la contradicción central del documento: se reconoce la necesidad de impulsar el crecimiento, pero se plantea una consolidación fiscal que reduce el espacio para invertir en los motores de la productividad, como educación, innovación e infraestructura. En otras palabras, se privilegia la estabilidad de corto plazo sobre una estrategia de desarrollo de largo plazo.
Frente a este diagnóstico, resulta ineludible replantear la política económica en al menos tres frentes. Primero, una reforma fiscal que amplíe la base tributaria y permita generar ingresos sostenibles sin depender exclusivamente del crecimiento. Segundo, una revisión del gasto público que introduzca mayor flexibilidad y vincule el gasto social a resultados, liberando recursos para inversión. Y tercero, un marco claro para la participación privada en infraestructura, que reduzca la incertidumbre y aproveche las oportunidades del nearshoring.
A ello debe sumarse una política activa de productividad, orientada a la modernización de pequeñas y medianas empresas mediante financiamiento, adopción tecnológica y capacitación laboral. Sin este componente, cualquier proyección de crecimiento superior al 2% seguirá siendo aspiracional.
En síntesis, los Pre-Criterios 2027 reflejan prudencia macroeconómica, pero carecen de una visión integral de desarrollo. El contraste con la OCDE y el Banco Mundial evidencia que el principal riesgo no es un desequilibrio inmediato, sino la persistencia de un crecimiento insuficiente. México no enfrenta una crisis de estabilidad, sino una trampa de bajo crecimiento. Superarla exige algo más que disciplina fiscal: requiere decisiones estructurales que hoy aún no aparecen con claridad en la hoja de ruta oficial.