Autor: Rogelio Mirazo Román, Presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana
La economía mexicana entró en una fase de estancamiento con señales de alerta en prácticamente todos los frentes productivos. De acuerdo con cifras oficiales, el Producto Interno Bruto (PIB) reportó un avance marginal de solo 0.2% a tasa anual durante el primer trimestre, mientras que respecto al trimestre previo se contrajo 0.8%. Esta fue la mayor caída trimestral desde 2020, indicando una contracción en todos los componentes de la economía.
En paralelo, los ingresos públicos se reducen, el gasto mantiene una trayectoria ascendente y se anticipa una reducción del gasto neto para contener el déficit, en tanto, el costo político cierra la puerta a una reforma fiscal de gran calado.
En este escenario de margen fiscal estrecho, diversos analistas coinciden en proponer políticas anticíclicas de bajo costo presupuestal pero alto impacto en eficiencia. La más ambiciosa, y también la más delicada, es sin duda, la desregulación selectiva de la inversión privada vinculada al nearshoring (relocalización), cuyo objetivo no es eliminar normas al azar, sino remover quirúrgicamente los cuellos de botella que frenan la llegada de capital productivo sin poner en riesgo la relación con América del Norte.
De la ventanilla de trámites a la “ventanilla de confianza”:
Un estudio de la organización México Evalúa titulado ¡A romper barreras! (marzo 2026) reveló que los retrasos regulatorios para abrir empresas en la Ciudad de México —entidad que concentra el 54.8% de la Inversión Extranjera Directa (IED) nacional— generan un costo de oportunidad de entre $125,000 y $3.78 millones de pesos por unidad económica. Utilizando el Modelo de Costo Estándar de la OCDE, el análisis midió el dinero que una firma deja de ganar mientras su capital permanece detenido a la espera de una autorización oficial.
El reporte documentó que, de los 23 trámites previstos en la normatividad, solo 13 figuran en el Registro de Trámites oficial; el 43% restante abre espacio a la discrecionalidad, al retraso injustificado y a la corrupción. Además, el 60% de los procedimientos se concentra en la etapa de apertura de negocios.
No obstante, el mayor obstáculo en este año electoral estadounidense va más allá de lo administrativo. La inminente revisión del T-MEC y el endurecimiento previsto de las reglas de origen —se estima que los Estados Unidos pretenden escalar el Valor de Contenido Regional en la industria automotriz hasta 85% para autos y 10 puntos más en la categoría de autopartes— han generado un clima de incertidumbre que frena las decisiones de inversión.
Las compañías temen comprometer grandes capitales en México para después quedar excluidas del mercado norteamericano por un cambio en la interpretación de las reglas.
En este sentido, la propuesta de desregulación selectiva de la inversión privada vinculada al nearshoring contempla la creación de un “Carril Rápido de Cumplimiento USMCA-plus”, un mecanismo que agilice los permisos gubernamentales, ambientales y de construcción, pero que al mismo tiempo realice una prevalidación del modelo de negocio respecto a las exigencias del tratado comercial. En la práctica, la empresa obtendría desde el arranque un “sello de confianza” que certifique que su cadena de proveeduría, estructura societaria y uso de insumos son compatibles con los requerimientos de contenido regional.
Desregular con inteligencia, no con ingenuidad, enfoque quirúrgico:
La otra cara de la moneda es que la desregulación no puede ser una puerta abierta a cualquier tipo de inversión. Cifras de la Secretaría de Economía muestran que la IED alcanzó en 2025 un máximo histórico de $40,871 millones de dólares, un crecimiento anual de 10.8%, con un repunte de 133% en nuevas inversiones. Este dinamismo, sin embargo, no debe traducirse en una falta de rigor o laxitud de los controles.
El enfoque quirúrgico debe distinguir dos tipos de capital. Para las empresas que establezcan operaciones con “sustancia económica real” —transferencia tecnológica, integración de proveedores locales y generación masiva de empleo formal— la regulación debe reducirse al mínimo indispensable. Para las inversiones sospechosas de triangulación, en cambio, se requiere un endurecimiento de los filtros financieros y comerciales, que transparente al beneficiario final y verifique el origen real de los insumos.
Los avances en la materia muestran que esta ruta es viable: datos oficiales reportan que el cumplimiento del T-MEC en las exportaciones mexicanas pasó de 48.6% a 75.1% en tan solo diez meses de 2025, en tanto que México ha completado 48 de los 54 temas cuestionados por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, entre ellos la verificación de contenido y propiedad intelectual.
El riesgo de una “desregulación con hacha en vez de bisturí”:
Los analistas advierten que una simplificación mal ejecutada podría generar costos mayores a los que pretende evitar. Si se debilitan los controles de trazabilidad, el sector exportador quedaría expuesto a los aranceles punitivos que ya se aplican a quienes no cumplen el T-MEC —hasta 25% para productos no originarios—, lo que erosionaría la ventaja competitiva mexicana sustentada en una tasa arancelaria efectiva —arancel promedio real que pagan todos los productos mexicanos al entrar a los Estados Unidos, incluyendo los exentos por el T-MEC— que oscilan en un rango de entre 3.1% al 5.0% frente al rango de 24.0% a 33.9% que enfrenta China. Justo es esta diferencia de entre 20.9% al 28.9% entre Mexico y China, la que hace competitivo al nearshoring para nuestro país.
A ello se suma el riesgo de saturación industrial: la ocupación de parques en el norte del país ronda el 95%, y especialistas estiman que se requieren al menos 25 nuevos desarrollos para alojar la demanda de relocalización. Desregular la llegada de inversiones sin destrabar simultáneamente la construcción de infraestructura industrial sólo trasladaría el cuello de botella de la ventanilla burocrática al territorio.
En un año marcado por la debilidad productiva y la presión sobre las finanzas públicas, la desregulación selectiva se perfila como la herramienta anticíclica con mayor retorno potencial sobre el “no gasto público”. Pero su efectividad, coinciden los expertos, dependerá de aplicarla con precisión y no con “hachazos”.