Autor: Rogelio Mirazo Román, Presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana
México exhibe un problema estructural que rara vez ocupa el centro del debate público: la economía no es capaz de producir más con los mismos recursos. La Productividad Total de los Factores (PTF), que mide qué tan eficientemente se combinan el trabajo y el capital para generar producción, acumuló entre 1990 y 2024 una contracción promedio de 0.51 por ciento anual, de acuerdo con la metodología KLEMS del INEGI[1], toda vez que los insumos productivos crecieron más rápido (2.80%) que la producción misma (2.29%). En otras palabras, durante más de tres décadas, en promedio, el país ha producido menos de lo que sus insumos de trabajo y capital permitirían, lo que ha actuado como un freno silencioso pero persistente al crecimiento potencial.
Este estancamiento no es un fenómeno aislado: conviven con él una inversión privada que no termina de despegar de forma generalizada, un capital humano con rezagos persistentes y una informalidad laboral que se mantiene como rasgo estructural del mercado de trabajo. Para abril de 2026, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.8 por ciento de la población ocupada[2], una cifra que ha permanecido prácticamente inamovible durante el último año. Detrás de este número hay una lógica económica identificable: cuando los incrementos al salario mínimo se aplican de forma generalizada, las micro y pequeñas empresas —con menor capacidad de absorber costos laborales crecientes vía productividad— optan por mantenerse o migrar hacia la informalidad antes que formalizarse o cerrar. El resultado es un círculo vicioso: la informalidad reduce el acceso a financiamiento y capacitación, lo que a su vez perpetúa la baja productividad de esas unidades económicas.
El dilema fiscal y su costo en productividad
El gobierno federal no ignora el diagnóstico de fondo, pero ha optado por resolver primero la urgencia fiscal. El Paquete Económico 2026 plantea reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público a 4.1 por ciento del PIB, frente al 4.3 por ciento ajustado para 2025[3], continuando una trayectoria de consolidación que, según análisis independientes, ha resultado más lenta de lo originalmente proyectado para este punto del sexenio, cuando el plan inicial apuntaba a un déficit cercano a 3.2 por ciento del PIB para este año[4]. El ajuste es comprensible dado el nivel de deuda y el entorno externo, pero tiene un costo de oportunidad concreto: cada punto del PIB que se destina a cerrar la brecha fiscal es un punto que deja de fortalecer infraestructura, ciencia y capital humano, justamente los motores que explican el crecimiento de largo plazo de la PTF.
La propia OCDE ha señalado que México mantiene la relación entre ingresos tributarios y PIB más baja del organismo, lo que limita estructuralmente el espacio para incrementar el gasto público en educación, infraestructura y transición tecnológica sin comprometer la disciplina fiscal[5]. El diagnóstico de la organización es claro en cuanto a la dirección deseable de la política pública; el problema es que una reforma tributaria de fondo —la vía más directa para ampliar ese espacio— enfrenta un costo político que el sistema mexicano actual no parece dispuesto a asumir. Mientras tanto, el gasto en infraestructura física para 2026 asciende a 960 mil millones de pesos[6], un monto relevante en términos absolutos, pero que compite con presiones de gasto corriente y programas sociales que también forman parte legítima de la agenda gubernamental.
La salida pragmática: una política activa de productividad
Si la reforma fiscal integral no es viable en el corto plazo por su costo político, la pregunta relevante deja de ser “cómo financiar una gran transformación” y se convierte en “cómo obtener el máximo de productividad con el espacio fiscal disponible”. Esto exige abandonar la expectativa de una gran estrategia nacional de productividad financiada con recursos públicos masivos, y sustituirla por una política activa, focalizada y de bajo costo fiscal relativo, diseñada en conjunto con el sector privado y las instituciones académicas.
Tres componentes parecen ineludibles. Primero, mecanismos de financiamiento dirigido —banca de desarrollo, garantías y esquemas de coinversión pública y privada— que reduzcan el costo de capital para las micro, pequeñas y medianas empresas, sin necesidad de gasto presupuestario masivo. Segundo, programas de adopción tecnológica que faciliten que estas empresas incorporen herramientas digitales y de automatización básica, cerrando la brecha que hoy las mantiene ancladas a procesos de baja productividad. Tercero, capacitación laboral vinculada a las necesidades reales de los sectores con mayor potencial de crecimiento, en coordinación con universidades y centros tecnológicos regionales, de forma que el capital humano deje de ser un rezago y se convierta en una palanca.
Ninguno de estos componentes sustituye a una reforma fiscal o a una mayor recaudación; son, en el mejor de los casos, un puente. Pero su ventaja es que pueden instrumentarse mediante acuerdos de coordinación entre gobierno, sector privado y academia, sin requerir una negociación legislativa de alto costo político. La condición indispensable es que exista voluntad real de diseñar esa estrategia de forma consensuada, con metas medibles y mecanismos de evaluación, y no como una colección de programas dispersos sin coherencia entre sí.
Conclusión
El estancamiento de la PTF mexicana no se resolverá únicamente con estabilidad macroeconómica, pero tampoco se resolverá sin ella. El reto de la política económica actual es reconocer que la consolidación fiscal y el impulso a la productividad no tienen por qué ser mutuamente excluyentes si se diseña una política activa, focalizada y consensuada que aproveche cada peso disponible con la mayor eficacia posible. La ausencia de esa estrategia explícita —no la falta de diagnóstico— es, hoy, en nuestra opinión el principal vacío de la política económica mexicana.
[1]INEGI, Productividad Total de los Factores (PTF-KLEMS), Comunicado de prensa 201/25 y Reporte de resultados 98/25, 18 de diciembre de 2025.
[2]INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Boletín de indicador 232/26, abril de 2026.
[3]Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Paquete Económico 2026, Criterios Generales de Política Económica, 8 de septiembre de 2025.
[4]México, ¿cómo vamos?, “Consideraciones sobre el Paquete Económico 2026”, 30 de septiembre de 2025.
[5]OCDE, Estudio Económico de México 2024, febrero de 2024.
[6]Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), “Análisis del Paquete Económico 2026”, 12 de septiembre de 2025.