El pasado 8 de julio de 2026 la Secretaría de Economía (SE) informó a la Comisión Permanente del Congreso, que los temas planteados por Estados Unidos en la revisión conjunta del T-MEC se redujeron de 54 a 14, mientras México mantiene 13 puntos de interés propio, entre ellos los aranceles al acero, aluminio y automóviles, y la operación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (SE, 8 de julio de 2026; Infobae). Con ese avance como antesala, el secretario Marcelo Ebrard y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, acordaron el 23 de julio celebrar una cuarta ronda bilateral en Washington durante la primera quincena de septiembre, tras calificar como «constructiva» la tercera ronda realizada en la Ciudad de México.
El recuento numérico, sin embargo, dice menos de lo que parece. Tres asuntos siguen intactos y son, precisamente, los que más pesan en la balanza de inversión: los aranceles de la Sección 232 sobre acero, aluminio y vehículos, que México sostiene no han logrado el efecto de sustitución de importaciones que busca Washington; los gravámenes de la Sección 301 —vigentes desde el 24 de julio en sustitución de los de la Sección 122, que expiraron ese mismo día tras el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos contra los aranceles «recíprocos» del IEEPA—; y el propio Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida.
En los hechos, los gravámenes de la Sección 301 no alteran la carga fiscal que ya enfrentaban las exportaciones mexicanas: mantienen la misma tasa de 10% para lo que no certifica origen T-MEC, ahora bajo el argumento de «trabajo forzoso» y sin el límite de 150 días que sí tenía la Sección 122.
El arancel preferencial de cero permanece intacto para alrededor de 85% de las exportaciones certificadas, mientras que el 15% restante mantiene el arancel que ya aplicaba bajo la Sección 122, un dato que la propia SE ha usado para transmitir tranquilidad. Ese matiz importa: no es que el problema haya desaparecido, es que cambió de fundamento jurídico y perdió fecha de caducidad, lo cual, en la práctica, da a Washington mayor margen para sostenerlo en el tiempo.
El punto de fondo es otro: mientras el tratado exista bajo un esquema de revisión anual —vigente hasta 2036 tras el rechazo de Estados Unidos a extenderlo automáticamente por 16 años, como proponían México y Canadá—, cada año traerá consigo, episodios de renegociación sobre reglas de origen, aranceles sectoriales y contenido regional, situación que, dicho sea de paso, la propia SE tiene perfectamente claro. Sin embargo, mientras dure la actual administración estadounidense, el riesgo de que la revisión funcione como pretexto recurrente para presión arancelaria sectorial es real, y encarece el costo de decisión de empresas con horizontes de inversión de varios años, particularmente en manufactura avanzada, semiconductores, electromovilidad y energía.
Los números de 2026 ilustran la paradoja. La SE reporto en su informe semestral que México captó un récord de 34,968 millones de dólares en inversión extranjera directa en el primer semestre —un máximo histórico para ese periodo—, aunque el crecimiento se moderó a 2.1% y el 89% de ese monto correspondió a reinversión de utilidades, no a proyectos nuevos. Las exportaciones hacia Estados Unidos crecieron 22.3% entre enero y mayo, y ese mercado concentra ya 83.1% de las ventas externas del país (según datos de INEGI, agosto de 2026). Es decir: el capital sigue llegando y el comercio sigue creciendo, pero cada vez estará más atado a decisiones que se negocian, literalmente, ronda por ronda.
Este cambio de composición no es un dato menor para la economía real. La manufactura, motor histórico de las exportaciones mexicanas, atravesó una primera mitad de 2026 complicada: el personal ocupado del sector cayó en promedio 2.6% anual durante el semestre —con una sexta caída consecutiva en junio, de 1.5%— y el volumen físico de la producción retrocedió 2.4% anual ese mismo mes, según la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del INEGI (INEGI, EMIM, junio de 2026). Dentro de ese deterioro, uno de sus principales referentes, la industria automotriz, perdió impulso exportador hacia Estados Unidos: los envíos de vehículos ligeros cayeron 9.2% en junio y 9.7% en julio, todo ello en un entorno de menor demanda estadounidense, el cierre de la planta de Mercedes-Benz en Aguascalientes y la persistencia de los aranceles de la Sección 232 sobre acero, aluminio y vehículos.
En contraparte, la manufactura electrónica y de equipo de cómputo gana relevancia en el mercado norteamericano: las exportaciones de esa partida crecieron 177.6% entre enero y mayo de 2026, tras un alza de 114.4% en el mismo lapso de 2025, y explican ya más de tres cuartas partes del crecimiento exportador total del país (Grupo Financiero BASE, con datos de INEGI, agosto de 2026). El repunte, sin embargo, no está libre de vulnerabilidades: analistas de Banco Base documentan una correlación casi perfecta de 0.97 entre la importación de insumos —principalmente de Taiwán, China y Malasia— y la exportación de equipo de cómputo. Dicha correlación revela que México funciona como hub de ensamble de equipo de cómputo: por cada punto que crecen las importaciones de insumos de Taiwán-China-Malasia, las exportaciones de equipo de cómputo crecen casi en la misma proporción, lo que denota alta integración a la cadena asiática y bajo valor agregado nacional.
Este patrón de ensamble no se ha traducido para México en empleo ni inversión proporcionales, y desde luego, coloca a la manufactura electrónica y de equipo de cómputo en el centro de la discusión sobre reglas de origen y contenido asiático dentro de la revisión del T-MEC (Banco Base, agosto de 2026). Si Washington endurece esas reglas —bajo el argumento, ya planteado, de la triangulación comercial—, el sector que hoy sostiene el crecimiento exportador de México podría convertirse, de la noche a la mañana, en uno de sus mayores focos de riesgo.
La oportunidad para México está en usar la ventana que abre la ronda de septiembre para algo más ambicioso que administrar la lista de pendientes. Ebrard ha planteado, con razón, que «no va a bastar con aranceles» y que la discusión debe orientarse a generar producción conjunta en semiconductores y componentes de alto valor, dada la dependencia de más de 90% que México tiene en esos insumos (Ebrard, El Financiero, 12 de agosto de 2026). Ese enfoque —construir cadenas de valor compartidas en lugar de solo defender excepciones arancelarias— es el que puede convertir la revisión anual en una fuente de certidumbre regional y no en un riesgo recurrente para la inversión.
El balance, a la fecha, es de progreso técnico real pero insuficiente frente al desafío estructural. Reducir la lista de 54 a 14 temas es un logro negociador que vale la pena reconocer; resolver los tres asuntos que quedan —aranceles sectoriales, la nueva Sección 301 y el mecanismo laboral— será la prueba de si la cuarta ronda entrega certidumbre genuina o solo aplaza, una vez más, la definición de las reglas bajo las que compite América del Norte.